El mundo.
Desde diversos sectores son grandes los avances que se han dado para ofrecer a la responsabilidad social una estructura analítica e incluso operativa[1]. Más allá de las diferencias que podemos encontrar, hay ciertas coincidencias. En primer lugar se entiende que la responsabilidad social viene asociada a la capacidad de la organización de gestionar los impactos que genera su acción.
Otras semejanzas las encontramos al profundizar en los aspectos que se consideran como relevantes a la hora de hablar de responsabilidad, en nuestro análisis encontramos al menos 6 coincidencias;
El desarrollo sostenible como objetivo último de la responsabilidad social
El respeto al principio de legalidad y cumplimiento de las normas internacionales de comportamiento
El respeto a los derechos humanos y reconocimiento tanto de su importancia como de su universalidad
La acción sobre la base de la honestidad, equidad, integridad y preocupación por las personas y el medio ambiente
El deber de ser transparentes en sus decisiones y actividades que impactan a la sociedad y el medio ambiente
El respeto, la consideración y la capacidad de respuesta a los intereses de las partes interesadas
Venezuela
El anterior, es un brevísimo y seguro perfectible resumen del debate mundial. Sin embargo, al hablar de responsabilidad social en la Venezuela de hoy, nos encontramos con más preguntas que respuestas.
Es momento de recordar la entrevista que hicimos en el año 2014 a José Ángel Moreno Izquierdo quien habló en nombre de Economistas sin Fronteras España. En esta entrevista nuestro invitado comentó que la responsabilidad social de la empresa solo es posible cuando coinciden tres actores;
Un sector empresarial verdaderamente consciente y activado en su rol socialmente responsable,
Una sociedad -civil- vertebrada con organizaciones sociales autónomas, al tanto de sus derechos, que exija y valore la responsabilidad social y;
Un Estado que regule unos comportamientos mínimos para las empresas de acuerdo a los aspectos relevantes.
Siguiendo con lo dicho por nuestro invitado:
“Solo se puede hablar de responsabilidad social en una sociedad suficientemente democrática; para ello requerimos de un Estado democrático, transparente, responsable, validado social y moralmente para exigir esa responsabilidad a las empresas en la misma medida que a la ciudadanía.
Si algunos de los tres polos -empresa, ciudadanía, Estado- no es responsable, no es consciente, no es democrático; esto se rompe (…). No podemos entonces pretender tener empresas responsables en estados autocráticos”.
En el caso de Venezuela, a partir de la Constitución del año 1999 la noción de responsabilidad social ha recibido rango constitucional[2], en la medida en que ella significa el conjunto de responsabilidades sociales que la constitución le asigna al ejercicio de los derechos y deberes económicos por las empresas y los ciudadanos; sin embargo, es mucho lo que ha sucedido en nuestra historia reciente que nos lleva a cuestionarnos, no tanto del enunciado de la responsabilidad social o sus aspectos relevantes, y si de la propia posibilidad de hablar de responsabilidad social empresarial en el país.
En los últimos 20 años hemos visto como la nula autonomía entre los poderes públicos ha afectado de manera considerable la gobernabilidad democrática de Venezuela y cada vez más las fronteras entre el gobierno y el Estado se desdibujan.
El omnipresente rol del gobierno en la gestión de las empresas a través de las –excesivas- regulaciones, la opacidad de las condiciones que favorezcan la inversión del sector privado y las cada vez más constantes expropiaciones / nacionalizaciones son solo algunas de las razones por las cuales en los últimos años ha habido una significativa reducción en el número de empresas en Venezuela[3], con el resultado directo en el aumento de la tasa de desempleo y la desmejora de las condiciones de vida del venezolano.
Nuestra apuesta
Si esto es así, antes de retomar el debate sobre la responsabilidad social en Venezuela, tendremos que reforzar las condiciones de nuestra gobernabilidad democrática; esto pasa por regular el rol del Estado en todas sus dimensiones, asegurando una verdadera independencia de los poderes públicos. Un Estado de derecho con elecciones periódicas limpias, tolerante, un Estado transparente, una administración pública eficiente, capaz de rendir cuentas y con una sociedad civil densa, participativa y vigilante, competente en la lucha contra la corrupción y activa en la promoción de una cultura anti-autoritaria, etc. En definitiva, tendremos que comenzar a trabajar en cuestiones primarias.
Desde InspiraRSE apostamos a esta posibilidad y a ella nos comprometemos.
[1] Por ejemplo los esfuerzos del Instituto Ethos de Brasil, la Organización Internacional de Estandarización (ISO), la Iniciativa de Reporte Global (GRI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la misma Organización de las Nacionales Unidas (ONU) a través de los 10 Principios Fundamentales del Pacto Mundial o los espacios de encuentro como las Cumbres Mundiales.
[2] Artículos 135 y 299
[3] Cronología de las expropiaciones en Venezuela (2007-2010) http://www.venelogia.com/archivos/4856/
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